¿FELIZ ANIVERSARIO AL DECRETO DE AUSTERIDAD?

A un año de operación, los resultados del Decreto de Austeridad generan polémica. Mientras para un sector de los que se ciñeron al lineamiento, “la camisa les quedó grande”, para otros es el camino indicado para que el gobierno ofrezca mejores servicios. Los proveedores IT, en tanto, consideran que el esfuerzo está bien encaminado, aunque aún tiene áreas de oportunidad.

 

Por Juan Antonio Oseguera

 

Llegó el Decreto de Austeridad y lo primero que trajo consigo no fue el ahorro que el gobierno federal esperaba. En el ambiente que la noticia generó aquel 4 de diciembre de 2006 (fecha en que se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación) había mucho desconcierto, y siguió aún después de que, el 29 de diciembre, se publicara el reglamento que plantea la adopción del modelo de renta de infraestructura y servicios tecnológicos en las dependencias federales.

En la edición 158 (“Sector público a renta“, Cover Story, marzo 20 de 2007) de InformationWeek México, funcionarios como Carlos Viniegra, director general de promoción de la eficiencia y calidad en los servicios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y Salvador Ocejo, director de servicios técnicos de Pemex, daban cuenta de la confusión y el enorme reto que el naciente decreto les generaba.

A un año, esta publicación se dio a la tarea de indagar cómo se han modificado las cosas. Para ello, entrevistó a funcionarios de diferentes dependencias gubernamentales federales (una secretaría de Estado, dos organismos y una empresa pública) y diversos proveedores.

 

Del primer grupo, todos prefirieron permanecer en el anonimato, lo cual ya permite leer entre líneas que sigue habiendo confusión y tal vez algo de desacuerdo. Varios de ellos comentaron que fue desafortunado que el decreto llevara la palabra “austeridad”, cuando en realidad lo que pretende es un ahorro sustancial. Un entrevistado comentó que se trataba de gastar mejor, e incluso uno más citó la Constitución y la obligación que ahí se expresa sobre los funcionarios públicos de obtener las mejores condiciones para el Estado.

 

Por su parte, el Decreto de Austeridad apunta: “El decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal (APF) tiene como objetivo ejercer los recursos públicos a cargo del gobierno federal de manera eficiente y transparente, así como ajustar los gastos de operación de las dependencias”.

 

 

2007, AÑO ESTÁTICO. Cuando el Decreto salió a la luz cada dependencia jaló para donde pudo. Alejandro Posadas, director de ventas a gobierno y energía de Sun de México, recuerda: “Había quienes no querían gastar, quienes preferían ahorrar e incluso los que se limitaron a actualizar y adquirir lo estrictamente necesario”.

Este galimatías generó una parálisis durante el primer semestre de 2007; nadie compró, nadie vendió. El impacto económico fue evidente: en 2006, el mercado IT total en México alcanzó los $9,132.1 millones de dólares, 11.5% de los cuales correspondió a ventas al gobierno federal, estatal y local. “Si quitamos el segmento del hogar, el sector público representa hasta 18% de las ventas de tecnología en México”, apunta Edgar Fierro, director de investigación de IDC. Al cierre de 2007, el crecimiento de la industria IT fue de 10%, lo que Cristina Rivas, gerente de investigación de la firma analista, califica como “lento”. “En hardware, que es el componente más grande del mercado, el aumento fue de 9%, porque muchos de los proyectos no se dieron, fundamentalmente en el gobierno federal y debido al Decreto de Austeridad.”

 

Select coincide con que la inversión del gobierno federal en IT fue menor a la esperada. En su visión, no es posible comparar los resultados de 2006 con los de 2007, ya que por un lado en 2006 se sumó el factor Enciclomedia, mientras que en 2007 la llegada del Decreto de Austeridad retrasó las inversiones y generó un subejercicio de los presupuestos.

 

Para Fabiola Cruz, subdirectora de investigación IT de Select, 2008 será un año de crecimiento positivo: “Tendrán que concretarse muchos de los proyectos que se quedaron varados y no puede haber subejercicio. Además, la oferta y la demanda están más preparadas. El ahorro va a ocurrir, pero lo más importante es la evolución del CIO de gobierno como un estratega y generador de nuevos servicios. Para 2008, esperamos que la industria total (tecnologías de información y comunicaciones) crezca 9%, e IT sin comunicaciones aumentará 12%, tres puntos porcentuales por debajo de 2007″.

 

Al valorar los resultados del año pasado, es necesario considerar que aunque el gobierno realizó algunas adecuaciones al decreto para hacerlo más operable (lo que ocurrió en mayo de 2007), no fue sino hasta octubre cuando se inició el proceso para dotar de tecnologías de información a las dependencias, a través del modelo de renta de servicios, en lugar de la compra de equipos.

 

“La Secretaría de la Función Pública (Sefupu) recibió cerca de 750 diferentes proyectos IT de las entidades federales para revisión de los programas y asesorías para las licitaciones”, detalló en su momento el entonces titular de la unidad de gobierno electrónico de dicha secretaría (hoy aspirante a un cargo en el Banco Mundial), Abraham Sotelo.

 

Con todo, según información provista a InformationWeek México, se aceptaron casi 300 excepciones al Decreto de Austeridad, casi una por dependencia pública federal, tomando en cuenta que son 240 instituciones las que componen el aparato burocrático de este sector gubernamental.

Para Francisco Montoya, gerente de desarrollo de negocios de Unisys México, tales excepciones forman parte de la evolución natural de un cambio de tal envergadura: “El año pasado fue, para el gobierno mexicano, un año de aprendizaje y mejora de los procesos de licitación. Para 2008 esperamos que el número de licitaciones aumente, y evidentemente estaremos ahí para participar. De hecho, específicamente para este año esperamos aumentar nuestra presencia en sector público de 8% a 12%”.

 

 

APLICANDO EL “RIGHT SIZING“. Según información obtenida de parte de Sefupu, las medidas implementadas para la aplicación general del Decreto de Austeridad permitieron un ahorro total de $25,500 millones de pesos.

La aplicación de la estrategia IT “Right-Sizing” que promueve dicha ley generó economías de escala y sinergias entre las dependencias de la APF en la contratación de bienes y servicios, tanto a nivel institucional, como regional, sectorial e interdependencias.

El decreto estableció medidas para estandarizar y homologar los procesos a cargo de las Oficialías Mayores, permitiendo los flujos de trabajo, el intercambio de información y documentos (oficio electrónico), y los ciclos de autorización a través de medios electrónicos, con el beneficio de reducción de costos y tiempos, y facilitando además la adecuada intercomunicación entre las dependencias y entidades de la APF.

Asimismo, la iniciativa incluyó actividades de consolidación y outsourcing, así como la oportunidad de compartir diferentes recursos y servicios TIC, como Web services, data centers, help desk, gestión de infraestructura y sistemas de planeación de recursos gubernamentales (GRP, por sus siglas en inglés), entre otros.

De acuerdo con estudios de Deloitte enfocados en sector público, el establecimiento de este tipo de estrategias permite ahorros y reducción de costos potenciales de entre 15% y 25% con respecto a los costos TIC actuales en las instituciones gubernamentales.

 

La meta es cambiar la tendencia. “En los países en vías de desarrollo el gobierno invierte un porcentaje mayor en hardware; en países desarrollados, la ecuación se invierte: el gobierno destina más recursos a sistemas y software”, menciona Horacio Fernández, presidente y director general de Oracle México.

 

MOMENTO DE PERFECCIONAR. La declaración de una de las fuentes anónimas de InformationWeek México muestra el descontento que el Decreto de Austeridad provocó: “El decreto se hizo sobre las rodillas y no le preguntaron a nadie. En consecuencia, tenían que repararlo aceleradamente”.

De acuerdo con estimaciones de los afectados por esta iniciativa, la industria IT dejó de vender entre 30% y 50% (promedio) por ventas a gobierno. “Esto es delicado en términos de ventas”, puntualiza Rafael Funes, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), quien relata que dicha asociación se acercó al gobierno para encontrar formas que les permitieran seguir proveyendo al gobierno sin dejar de mantener el espíritu del decreto. En ese sentido hubo varias iniciativas.

A principios del año pasado se formaron varios grupos de trabajo para resolver cuatro grandes temas: excepciones, conceptos de venta de IT, modelo financiero y presupuestos multianuales.

 

En relación con las excepciones, se están desarrollando aún lineamientos para que se generen sólo las que tengan una alta probabilidad de ser aprobadas, y acabar así con la complejidad que han representado los trabajos de autorización. En este sentido, Funes apunta: “Se dijo que habían ingresado 700 solicitudes de excepción de las que se autorizaron menos de la tercera parte; o sea que la Sefupu tuvo mucho trabajo al tener que responder cada solicitud por escrito”.

 

Por otro lado, se están analizando las diversas modalidades de adquisición que puede ofrecer la industria IT al gobierno. El objetivo es plantear modelos y diseños de venta para las dependencias alineadas al decreto.

 

Asimismo, para asegurarse de que esta iniciativa gubernamental cuenta con un modelo financiero eficiente, la AMITI está apoyando a un equipo de trabajo en el desarrollo de un esquema de análisis de TCO que pondere, mediante diferentes variables, el nivel de servicio que puede esperar la dependencia.

 

Finalmente, el otro gran tema por resolver es el de los presupuestos multianuales. Si las dependencias hacen contratos a uno o tres años, y el Congreso no autoriza los presupuestos, se puede cancelar el contrato. Entonces los proyectos se vuelven riesgosos, y la industria se ve impactada en costos para el caso del arrendamiento.

 

“En un estudio que generó Select para la AMITI se señala que cuando la organización invierte en mejorar sus procesos de operación y los aliena con las IT que soportan estos procesos, entonces hay mejoras de alrededor de 20% en materia de productividad. En cambio, si sólo se compra una PC, se le pone software y se le otorga al usuario, el beneficio de productividad es de apenas 2%”, refiere Funes.

Un gobierno que invierte inteligentemente en IT es un gobierno que puede hacer mejor su labor. “Para ello, el Decreto de Austeridad involucra los tres elementos vitales: las TIC, la gente y la orientación a servicios. El gran desafío es la mezcla adecuada de este trío”, sentencia Erick Stephens, director nacional de tecnología de Microsoft México.

 

A pesar de las críticas de que el modelo con el que salió inicialmente esta iniciativa estuvo poco cuidado, que el esquema financiero no aplica para las dependencias pequeñas y que hay ciertas asimetrías entre las dependencias, el Decreto de Austeridad puede considerarse como una buena idea… sólo que debe pulirse un poco más.

 

 

“El ahorro va a ocurrir, pero lo más importante es la evolución del CIO de gobierno como un estratega y generador de nuevos servicios”, Fabiola Cruz, subdirectora de investigación de Select

 

 ”En los países en vías de desarrollo el gobierno invierte un porcentaje mayor en hardware; en países desarrollados la ecuación se invierte y se destina más a sistemas y software”, Horacio Fernández, presidente y director general de Oracle México

 

“El decreto involucra los tres elementos vitales: TIC, gente y orientación a servicios. El gran desafío es la mezcla adecuada de este trío”, Erick Stephens, director nacional de tecnología de Microsoft México

 

HAY BUENAS Y MALAS

 Algunos puntos en común señalados por los entrevistados sobre el Decreto de Austeridad.

A FAVOR	EN CONTRA
Permite el cambio de rol del informático	Hay numerosas excepciones
Facilita la homologación de procesos	Se basa en un modelo financiero inadecuado
Evoluciona hacia la generación de servicios	Genera el subejercicio de presupuestos
Trae ahorros a largo plazo	Es complejo armar licitaciones
Hace que se usen estándares neutrales	Se tienen contratos riesgosos, por la autorización que hace cada año el Congreso
Acota la corrupción	Se tiene poco tiempo de preparación

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