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¿INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO?

 Hablar de innovadores entre los burócratas podría considerarse un oxímoron. Sin embargo, desde esta trinchera no dejaremos de insistir: la innovación en el sector público es la única forma de lograr nuestra incorporación a las sociedades modernas.

 

 

Muchos pensaron que no lo lograríamos. Hasta hace un año, los organismos descentralizados, los órganos administrativos del sector público a nivel federal, estatal y municipal y las entidades desconcentradas, participaban en el ranking general de “Las 50 empresas más innovadoras” de InformationWeek México. Por primera vez, aparecen en esta edición en su propio listado, en un esfuerzo por establecer mejores parámetros de medición entre sectores (privado versus público).

Confiamos en que tendríamos un buen número de proyectos participantes y no nos falló la intuición. Cabe señalar que no fue producto sólo de la corazonada, pues desde los inicios de las innovadoras (allá por 2000), las iniciativas públicas habían logrado un lugar en los listados. Así que ya era hora de dar el paso.

Hablar de innovación en el sector público requiere de matices. Mientras que en la empresa privada puede decirse que la naturaleza actual de los mercados obliga a la innovación como única opción para sobrevivir, en los organismos de la administración pública la innovación deberá traducirse en mejores servicios para las nuevas necesidades de los ciudadanos, como una forma de legitimarse ante quienes deben su existencia misma.

El formalismo característico de la burocracia -todo lo opuesto al ambiente informal y semi-caótico que impera en las organizaciones innovadoras-, aunado a la aversión al riesgo y a la falta de incentivos para lograr mejoras (los ascensos rara vez dependen de ello) así como un exceso de regulación, hacen aún más loable el esfuerzo de quienes desean lograr un cambio a través de la modernización.

La investigadora Estrella G. Herrera, del Centro de Predicción Económica de Madrid, España, advierte que en el seguimiento periódico que la Comisión Europea realiza sobre la evolución de las principales variables que podrían influir en la evolución de la productividad total de los factores (PTF) en particular, y del PIB per cápita en general, se alude expresamente a tres aspectos que se relacionan directamente con el sector público. Éstos son el entorno administrativo y regulador, la capacidad de generación y difusión de conocimiento e innovación, y la disponibilidad y el uso de las tecnologías de información y comunicación.

Enumerar los grandes rezagos del país en estos tres aspectos no es mi intención ni tendría la capacidad de hacerlo. Desde esta humilde trinchera que me toca dirigir, nuestra intención ha sido distinguir a quienes sí se han arriesgado a pesar de su entorno, han mostrado coraje político y confianza en sus colegas, y están logrando introducir cambios incrementales (también llamados procesos de modernización) a través de la implementación de nuevas tecnologías. Tales cambios, dicho sea de paso, provocan siempre la alteración de la maquinaria administrativa, por lo que los logros obtenidos son todavía más meritorios. 

Quizá los más ortodoxos dudarían en llamarlos innovadores, sino en todo caso “modernizadores”. Pasar a la verdadera innovación, logrando devolver servicios eficientes en costo y efectivos en forma, con la adopción de avanzadas tecnologías en el sector público, es el verdadero reto para legitimar su actuación ante la sociedad. Los primeros pasos se están dando.

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