Poco se habla sobre ello, pues el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (Ciapem) está enfocando todos sus esfuerzos en promover todo tipo de tecnologías de la información para acelerar su adopción, sin embargo, de acuerdo con cifras de los resultados de un estudio del Comité difundido en 2006, solo 180 de los 2,438 ayuntamientos del país están calificados como altamente tecnificados.
Durante la XXXIII reunión nacional celebrada en Pachuca, Hidalgo, se discutió sobre 
seguridad de la información, firma y factura electrónica, trámites y servicios electrónicos, conectividad, sistemas de alta disponibilidad y movilidad, entre otros, pero el único problema no es la brecha tecnológica en la cual están sumidos los municipios, reconoció Víctor Santillán, vicepresidente ejecutivo del Ciapem.
“La incorporación de la tecnología no resuelve el problema, pues trae aparejada la profesionalización de los servidores públicos, la administración del cambio, la regulación o desregulación de los trámites y servicios que ofrecen e incluso la mejora de los espacios físicos”, reconoció Santillán, quien es además encargado de la Oficina de Modernización e Innovación Gubernamental del Gobierno de Hidalgo.
La foto de Hidalgo
Para impulsar a los municipios y con el fin de meterles presión, el Gobierno estatal publicó en diciembre de 2006 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la cual los obliga a publicar información de su operación financiera a través de medios electrónicos. Pero no los dejarán morir solos sino que, a decir de Santillán, el Gobierno estatal provee de herramientas tecnológicas a los que tienen mayores desventajas.
A favor de Hidalgo también hay que decir que fue el cuarto Estado en aprobar una Ley de Firma Electrónica, junto con Guanajuato, Querétaro y Sonora, poniendo así el ejemplo a otras entidades.
A través de la firma electrónica las entidades gubernamentales agilizan el envío y recepción de documentación, reducen el tiempo de los procesos, mejoran los mecanismos de intercambio de información, brindan protección, integridad y autenticación a los documentos sin la presencia física de las partes, además que transparentar el ejercicio gubernamental.
Asimismo ayuda a la reducción de de uso del papel, con sus efectos colaterales en la protección ambiental y en la disminución de los costos a las empresas en la compra de papel, pago de horas hombre y mensajeros.
No obstante los esfuerzos realizados llevará entre 10 y 15 años al servicio público del Estado alcanzar un nivel medio de tecnificación gracias al actual ritmo de adopción tecnológica, según pronósticos del Gobierno del Estado.
Por lo pronto, a cuatro años de la gestión del Gobernador Miguel Osorio Chong es posible tener acceso en línea a 25 trámites y servicios de competencia estatal de los más de 900 existentes. Para finales de esta administración, es decir en dos años, esperan añadir 50 más a la lista, con lo que sumarían 75 trámites y servicios.
En el aparato burocrático se refleja la intención del Gobierno de Hidalgo de tomar en serio la innovación. Osorio Chong creó al iniciar su mandato la Oficina de Modernización e Innovación Gubernamental, la cual le reporta directamente. Desde dicho despacho se instrumentó la Agenda de Modernización e Innovación Gubernamental (AMIGO), la cual aplica el Programa del mismo nombre, derivado del Plan Estatal de Desarrollo elaborado por la administración estatal.
Osorio Chong tomó protesta como presidente del Ciapem en el marco de la reunión nacional celebrada en Hidalgo y Santillán fungirá como el operador del Comité en el Estado, el cual, afirmó, es uno de los de mayor rezago en temas de tecnologías. En ese contexto, está clara la razón de haber llevado al Ciapem a Hidalgo.
La tecnología, los estándares y las leyes
El esfuerzo del Ciapem por introducir innovación tecnológica al ayuntamiento mexicano ha dejado al descubierto que los obstáculos de la adopción de IT van más allá de la política y los raquíticos presupuestos con los que cuentan. Para ejemplificar esto, se citan el caso de la adopción de la Firma Electrónica.
De entrada la Secretaría de Economía (SE), Pemex, el Gobierno del Estado de México (Edomex), así como la sociedad civil, representada por la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), no se ponen de acuerdo en la llamada homologación normativa, mediante la cual se establecería una sola arquitectura uniforme de certificación.
La razón es que la SE, principal responsable de emitir certificados digitales estándar X509 versión 3 para las solicitudes de inscripción de actos mercantiles en el Registro Público de Comercio, acredita a prestadores de servicios de certificación en todo el país para que ellos emitan certificados a comerciantes físicos y a los comercios electrónicos.
La SE defiende que los estándares de seguridad de su sello son superiores a los de ninguna otra organización existente, según Gustavo de la Colina, director general adjunto de regulación de servicios de firma electrónica y sistemas registrales.
Además, el SAT cuenta con su propio certificado de firma electrónica para la declaración de impuestos, Pemex creó el suyo para sus procesos financieros internos y entidades estatales como el Edomex usan el propio internamente, así como para trámites y servicios, por citar algunos ejemplos.
Alfredo Reyes Krafft, vicepresidente de la Amipci, dijo que la Asociación promueve la homologación normativa porque no tiene caso continuar con el esquema actual.
“Para qué obligar a que 10 entidades certifiquen cada una a todos. La idea es que la firma electrónica llegue a la población, no imponer varias a 10 millones de usuarios”, cuestionó.
El problema, dijeron representantes de las organizaciones citadas, es la ausencia de un ente regulador que centralice las directrices de la firma electrónica en el país, la normativa requerida para ello y la diversidad de tecnologías y estándares.
Lo anterior ilustra que, a pesar de las iniciativas, los Estados y los municipios inevitablemente quedan atrapados en esta telaraña de desacuerdos e intereses ajenos a sus programas de gobierno.